Economia y sociedad México

Publicado en La Crónica el martes 22 de enero

Sin información libre, no hay ciudadanos. Sin debate público, la democracia es imposible. La salida de Azucena Uresti del noticiero estelar de Milenio, acontece en una circunstancia de acoso del gobierno al periodismo crítico. Todas las mañanas, el presidente de la República difama, agrede y/o se mofa de periodistas que difunden noticias y apreciaciones que le resultan incómodas. La libertad de prensa queda entorpecida cuando el poder político es intolerante a las informaciones y opiniones que no le gustan. 

   El presidente López Obrador miente cuando asegura que su gobierno es distinto porque respeta la manifestación de las ideas. El actual gobierno, igual que los anteriores, maneja la publicidad oficial de manera discrecional. Igual que antes, se favorece o presiona a las empresas de medios con contratos y beneficios. Ahora, además, desde el poder político se ha creado un clima de hostilidad y persecución contra periodistas que incluye descalificaciones frecuentes y la develación ilegal de datos personales, entre otras formas de amago. 

   El trabajo de los periodistas enfrenta hoy dificultades que se habían superado en años anteriores. A la información pública se le oculta, o se regatea su difusión. Desde Palacio Nacional se propalan docenas de mentiras cada día sin que la sociedad, ni los medios, tengan oportunidad de refutarlas con la misma exposición pública que tiene el presidente. Sus reclamos a empresarios de medios cuando una información o un conductor no le gustan, son cada vez más insolentes y estridentes. La televisión en manos del gobierno es más facciosa que nunca. En materia de libertad de expresión y respeto al periodismo crítico, el gobierno de López Obrador es peor que los anteriores.

   El periodismo que hacen comunicadores como Azucena Uresti contradice las versiones oficiales, que el presidente quisiera que fueran versiones únicas. En los años recientes esa periodista dio voz a personajes de todas las filiaciones políticas, pero también a mujeres maltratadas, madres buscadoras de desaparecidos, familiares de niños con cáncer, personas desplazadas o perseguidas por la violencia criminal, víctimas de abusos de las fuerzas armadas. Ella misma, fue amenazada de muerte por un capo del narcotráfico. Durante los meses más difíciles de la pandemia, en ese noticiero de Milenio se mostró la ineficiencia del sistema de salud pública que ha sido conducido con tanta irresponsabilidad. 

   Esa cobertura ha propiciado con frecuencia la rabia de López Obrador, que no entiende o no quiere entender que sus reproches no son los de cualquier persona y que, en vista del poder que ejerce, constituyen amenazas graves. Carlos Loret de Mola es víctima cotidiana de ese abuso de poder. También lo ha sido Azucena Uresti, con tanto desdén del presidente que cuando el  viernes 19 por la noche ella anunció que dejaba de conducir su noticiero en Milenio, no pudo sino pensarse que ese consorcio de medios se doblegó a presiones del gobierno para sacarla de la televisión.

   “Los ciclos terminan y llegan los momentos de definiciones. Así que dadas las circunstancias actuales, este es mi último día en esta empresa”, dijo la periodista. El consorcio tiene otra versión y se ha dicho que Uresti tuvo que elegir entre un programa de radio de varias horas en otra empresa y su presencia en Milenio. Si Uresti amplía su participación en la radio, en donde ya conducía un noticiero de una hora en Radio Fórmula, será una buena noticia para quienes aprecian el periodismo que hace. Tendrá muchas maneras de explicar cuáles son “las circunstancias actuales” que la llevaron a salir de la empresa en donde trabajó 20 años. Es de reconocerse que no se fue por la puerta trasera y que la televisora le permitió dedicar toda la última emisión del noticiero a despedirse y hacer un recuento de las piezas más importantes que presentó en años recientes. En la extensa lista de agradecimientos a colegas y colaboradores suyos, mencionó a los propietarios de Milenio.

   El presidente López Obrador se refiere al “dueño de Milenio” como “mi amigo”. Esa cercanía, tratándose del titular del Ejecutivo y del propietario de un consorcio de comunicación, tiene implicaciones problemáticas para la libertad de expresión. De un tiempo a la fecha tanto Milenio Televisión, como el diario de ese nombre, muestran mayor afinidad con las posiciones del actual gobierno y varios articulistas críticos del oficialismo han sido desplazados de esos espacios.

   El oficialismo en los medios propicia coberturas informativas que afectan la competencia electoral. Algunos diarios destacados, como El Universal y Excélsior, ocultaron en sus primeras planas del lunes 15 de enero la noticia del importante discurso de Xóchitl Gálvez el día anterior. Milenio le dedicó dos pequeñas y casi inadvertidas líneas en su portada. 

   La desaparición de un espacio en donde se hace periodismo profesional y crítico siempre es lamentable. En este contexto de inhibición política en prominentes empresas de comunicación, una pérdida como esa acentúa la insuficiente pluralidad informativa que hay, sobre todo en medios electrónicos. 

   El periodismo que ha hecho Azucena Uresti, y que ella sintetizó en el último de sus programas en Milenio, resulta indispensable: “Denunciamos aquello que preocupa, que lastima, que arranca vidas, que destruye porque siempre, siempre, el lado correcto es el de los ciudadanos”. 

   Explicó esa informadora: “La crítica. Muchos periodistas creemos que ese es uno de nuestros trabajos. No podemos estar del lado del poder sea el que sea, del color que sea. Tenemos que estar del lado del ciudadano. Tenemos que escuchar las injusticias, tenemos que ponerlas sobre la mesa”.

   Además del presidente su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, dijo que el gobierno “respeta la libertad de expresión” y que “hay un debate abierto y libre, que es la esencia de la democracia”. Esa afirmación de Ramírez es falsa. Si algo no tenemos es debate público, porque el gobierno lo impide. Al negarse a reconocer a sus críticos como interlocutores, vilipendiándolos e infamando a muchos de ellos, el presidente y sus propagandistas inhiben e imposibilitan la deliberación pública. Ante esa intolerancia oficial, el periodismo profesional es necesario para la defensa y la sobrevivencia de nuestra democracia.

Publicado en La Crónica el lunes 15 de enero

El reto de Xóchitl Gálvez es persuadir, cohesionar, contrastar. Ayer domingo, en el cierre de su precampaña, estableció las coordenadas de ese intento. Delante de los errores del presidente López Obrador, presenta un abierto desafío: “salgamos a enfrentar al peor gobierno en la historia de México”. Enfatiza: “Sabemos que es muy poderoso, que no tiene escrúpulos, que está dipuesto a todo. Pero ¿sabe qué señor presidente? No le tengo miedo”. 

   La aún precandidata del frente opositor no soslaya que López Obrador hace, de la elección del 2 de junio, un referéndum sobre su gobierno. Los votantes tendrán el dilema de ratificar la orientación de los últimos seis años, o apostar por el cambio. Mimetizada con el presidente hasta en los ademanes y desde luego en los subterfugios, Claudia Sheinbaum obedece a la política y los caprichos del inquilino de Palacio Nacional. La campaña opositora así lo reconoce. Sus propuestas, antes que nada, tienen que confrontar desaciertos, abusos y omisiones del gobierno.

   Gálvez habla de sujetos sociales y temas que el gobierno elude. En su discurso, en la Arena Ciudad de México, mencionó las exigencias insatisfechas de familiares de desaparecidos, jóvenes, migrantes, mujeres violentadas. Habló de cambio climático (“yo sí soy ambientalista, sí apuesto a las energías limpias”) y del rezago educativo (“no podemos seguir reprobados en matemáticas”), de la pobreza que más allá de los paliativos no se resuelve y de las aspiraciones de la clase media. Propuso “el mejor aeropuerto de América Latina”, “claro que trenes, uno a Querétaro pero no de combustóleo sino eléctrico”. Recupera temas alejados del discurso oficial como la crisis del agua.

   A Sheinbaum, le coloca etiquetas discutibles (“ella viene del privilegio, yo vengo del esfuerzo”). La historia de la niña de las gelatinas ya se ha desgastado; cuestionar a la precandidata de Morena porque supuestamente surge de la elite, solamente aviva la polarización maniquea. A Sheinbaum, desde la oposición, es preciso discutirle lo que dice porque además su discurso, atado al de López Obrador, no tiene márgenes de originalidad.

   Los tres valores que Gálvez reivindicó en su alocución y que, según alertó, en México se están perdiendo, pueden ser los ejes de una campaña creativa si se logran traducir en problemas y ejemplos cercanos a los ciudadanos. Vida, verdad y libertad, constituyen aspiraciones sencillas y fundamentales. 

   “Se pierde el valor de la vida —dijo la precandidata— cuando al gobierno le da lo mismo que en un hospital público un elevador mate a una niña inocente. Cuando al gobierno le da lo mismo que se mueran a diario niños enfermos por falta de medicinas. Se pierde el valor de la vida cuando le da lo mismo que la gente muera en el Metro por culpa de una gobernante incompetente. Cuando le da lo mismo las muertes de 800 mil personas en la pandemia de Covid. Que nunca se nos olvide: México fue el país con más médicos y enfermeras muertos durante la pandemia”. 

   La verdad, se encuentra extraviada entre las mentiras del discurso oficial, el rechazo a la transparencia, la costumbre del presidente para eludir cuestionamientos con reproches personales y, añadimos nosotros, el apocamiento y la franca complicidad de muchos medios de comunicación. Recuperemos un caso reciente.

   Hace unos dias, Latinus dio a conocer el enriquecimiento de un amigo muy cercano de dos de los hijos del presidente López Obrador, llamado Amílcar Olán. De acuerdo con grabaciones y documentos que difundió Carlos Loret de Mola, Gonzalo López Beltrán, a quien apodan “Bobby”, maneja una red de empresas a las que ha involucrado para beneficiarse de la construcción del Tren Maya. Olán se refiere a él en numerosas ocasiones al hablar de los contratos que recibió para la extracción y, sobre todo, el transporte de balasto que se emplea como soporte de las vías del tren. Conforme a las grabaciones ahora publicadas tal negocio, que involucra pagos por miles de millones de pesos, tan sólo en seis meses le dejó a ese personaje utilidades por 250 millones de pesos.

   El presidente López Obrador no desmintió esas denuncias. En vez de ello, reitiró su estribillo sobre los ingresos de Carlos Loret. Las informaciones acerca de los negocios de los hijos del presidente, en otras circunstancias hubieran econtrado amplio eco en la discusión pública. Hasta ahora son pocos los espacios en prensa escrita, así como en televisión y radio, que se han ocupado de ese alarmante asunto.

   A los medios y periodistas que ocultan e incluso bloquean su campaña, así como a intelectuales, empresarios, organismos sociales y universidades, Xóchitl Gálvez les dijo este domingo: “Despierten. Está en juego lo que permite que este país tenga viabilidad como nación… No ayuden a afiliar la guillotina que después usarán en su contra”.

   La libertad se pierde cuando tenemos miedo de salir por las noches, o de transitar en carreteras, dijo la precandidata. También,  “cuando se deja que el gobierno amenace a la democracia por su maldita ambición de poder”. Los esfuerzos para someter al INE, o a las instituciones de justicia, son, entre otras consecuencias, amenazas a la elección próxima. “Para mí, la ley sí es la ley”, dijo Gálvez en alusión a una de las más emblemáticas expresiones del presidente.

   Hace unos días el líder nacional del PAN exhibió, con inexplicable torpeza, el tráfico de intereses en el que está involucrado. Los acuerdos son parte de la política, pero cuando se pactan posiciones de poder más allá de principios o proyectos, se confirma que la vieja política transita por todos los partidos. Los acuerdos de Marko Cortés son tan inadmisibles como su decisión para difundirlos, sin reparar en las consecuencias que tendría. 

   En contraste con ese irresponsable dislate, el mensaje de Gálvez muestra las posibilidades de una campaña capaz de involucrar a los ciudadanos afectados, y/o preocupados con la erosión de la vida, la verdad y la libertad en nuestro país. La precandidata tiene discurso eficaz y valor para expresarlo. Para que podamos eludir la amenaza de la guillotina, que menciona con claridad, falta que Xóchitl Gálvez cuente con el respaldo ciudadano que requiere.

Publicado en La Crónica el lunes 8 de enero

La inoperante superfarmacia es emblema del afán concentrador y autoritario de un gobierno que se estanca en fórmulas de hace más de medio siglo. 

Trasnochado: Falto de novedad y de oportunidad. Sin.: Anticuado, obsoleto, pasado, desfasado, anacrónico, extemporáneo (RAE).

La gran simulación resulta cada vez más insuficiente. Desde Palacio Nacional se inventan ficciones que repiten funcionarios y propagandistas oficiales y que, lentamente, son rechazadas por cada vez más mexicanos. El 49% de los ciudadanos cuestiona el manejo presidencial de la economía y solamente el 37% lo aprueba. Para el 62% la seguridad pública va mal; en ese rubro nada más el 25% está de acuerdo con el gobierno. Esos datos, de la encuesta que El Financiero publicó el 3 de enero, constatan que el ánimo social no es impermeable al empeoramiento en la gestión del presidente. Todavía, el 55% tiene una evaluación positiva del gobierno (es negativa para el 44%) pero los que aprueban la capacidad de López Obrador para dar resultados disminuyeron en un mes del 42%, al 33%. 

   Las grandes obras, de las que el presidente se ufana aunque funcionan mal o de plano no sirven, impresionan cada vez menos. En diciembre, cuando aparentemente fue inaugurado (sus recorridos quedaron suspendidos después de 12 días) solamente el 44% tenía una imagen favorable del Tren Maya.

   La megafarmacia es el despropósito más reciente. El almacén elefantiásico que ordenó habilitar en Huehuetoca, expresa la atrasada concepción del Estado que tiene López Obrador. El presidente asocia eficiencia, con centralización. Cree que el Estado es él y, así, concentra recursos, decisiones y poder. 

   El afán concentrador no funciona cuando se trata de cumplir con tareas prácticas. Mientras más centralizada se encuentre, la distribución de cualquier mercancía enfrenta mayores requerimientos burocráticos y debe atender peticiones de sitios más distantes. De Huehuetoca, hay 2700 kilómetros a Tijuana y 1700 a Cancún. La organización más lógica y eficiente es la de carácter descentralizado y reticular. Los estados modernos se organizan cada vez más en redes, facilitadas ahora por los recursos digitales y la inteligencia artificial. De esa manera se podría saber, al instante, qué existencias hay y en dónde se encuentra un medicamento y ordenar su traslado cuando hiciera falta. 

   La megafarmacia, en cambio, tiene una tortuosa organización, los pacientes son quienes deben llamar a ella cuando el médico de una institución pública les ha dado una receta, tienen que esperar varias horas tan sólo para saber si el fármaco que necesitan está disponible y, luego, un par de días para recibirlo si es que ese proceso funciona. Ya se han conocido casos de personas a quienes se les niegan los medicamentos porque no los tienen o no los encuentran en la enorme pero ineficaz farmacia.

   A López Obrador no le interesa que las cosas funcionen, sino que parezca que funcionan. Por eso presume su megafarmacia como gran logro, aunque sea todo lo contario. El desabasto de medicamentos, especialmente los más costosos y para enfermedades más graves, ha emperorado durante su gobierno porque los sistemas de compras, que ya funcionaban, fueron reemplazados por mecanismos improvisados y manejados por inexpertos.

   En el segundo cuatrimestre de 2018, inmediatamente antes del gobierno actual, el 78.2% de los pacientes de instituciones en el sistema nacional de salud recibía los medicamentos prescritos en las recetas que presentaban (en 2016 llegó a ser 82%). Cinco años después, esa tasa era del 74.6%. Es decir, uno de cada cuatro personas no recibe los medicamentos que necesita. Si ya era insuficiente, el suministro de medicamentos disminuyó más en la administración de López Obrador, de acuerdo con los Indicadores de Calidad del Sistema Nacional de Salud.

   Esas cifras desmienten la propaganda del gobierno que, a pesar de las numerosas quejas de pacientes agraviados por la escasez de medicinas, señala que el abasto ha mejorado. En un mensaje de X-Twitter el vocero del presidente, Jesús Ramírez Cuevas, dijo el 29 de diciembre, para ufanarse de la Megafarmacia: “Al iniciar nuestro gobierno solo 54% de las recetas del sistema de salud eran surtidas; en 2023 alcanzamos ya el 98.2% de abasto”. Decir tales falsedades, de manera tan improvisada y con tal desfachatez, manifesta el desprecio del gobierno y sus propagandistas por los datos y la realidad pero, sobre todo, por los millones de mexicanos que no reciben los medicamentos a los que tienen derecho.

   Las obras del gobierno, lo mismo que su discurso, están hechos en buena medida de bluf y apariencias, aunque de todos modos nos cuestan demasiado dinero. La enorme farmacia sirve para la propaganda, pero no mejorará la disponibilidad de medicamentos. El gobierno sigue haciendo licitaciones y compras sin planeación, que a la postre son más costosas que los procedimientos anteriores. La megafarmacia, aunque muy grande, es apenas un lugar de paso para esos productos.

   El presidente, en su propagada, se ufana de los 5 mil metros cuadrados con anaqueles en los que hay espacio, según la información oficial, para 286 millones de piezas de medicamentos. Parece una cantidad formidable, pero no tanto si la ponemos en contexto. 

   El año pasado, la Secretaría de Salud adquirió 2651 millones de piezas de medicamentos, 1134.3 millones de piezas de material de curación y 33.5 millones de vacunas. Se trata de 3819 millones de piezas de productos de esa índole. (Secretaría de Salud, 5 Informe de labores, septiembre de 2023). Es decir, en promedio, la capacidad de la megafarmacia no alcanza ni siquiera para almacenar los medicamentos que las instituciones de salud pública requieren en un mes y medio. 

   Llevar hasta la megafarmacia esos productos, en vez de dejarlos en las unidades de salud o remitirlos directamente a ellas, significará un recorrido adicional que hará perder tiempo y recursos, en perjuicio de los enfermos. Todo ello para satisfacer un capricho del presidente que, además, intenta presentar esa ocurrencia como una aportación a la logística farmacéutica. A la refinería que no refina, el aeropuerto con escasos pasajeros y el tren que devasta la selva, sumamos ahora la inoperante superfarmacia, emblema del afán concentrador y autoritario de un gobierno trasnochado, que se estanca en fórmulas de hace más de medio siglo. 

Publicado en La Crónica el lunes 18 de diciembre

Lenia Batres llega a la Suprema Corte designada por López Obrador. Mónica Soto presidirá el Tribunal Electoral después de una opaca rebelión interna.

Con las recientes designaciones para el Tribunal Electoral y la Suprema Corte, ganan Morena y el presidente López Obrador y pierden la sociedad y la confiabilidad de las instituciones encargadas de aplicar las leyes.

   Un altercado interno, hasta ahora oscuro porque no fueron explícitas todas las discrepancias que involucra, llevó a la magistrada Mónica Soto a la presidencia del Tribunal Federal Electoral. Ella misma, y los dos magistrados que la respaldaron, se rebelaron contra el ahora reemplazado Reyes Rodríguez. 

   Los tres descontentos han tenido un comportamiento muy distante de la circunspección a la que están obligados. Desairaron a la Suprema Corte al ausentarse del informe que el presidente del Tribunal Electoral presentaba delante de ese organismo y se ufanaron de ello. Esa conducta pueril es preocupante, porque se trata de magistrados que sancionarán el complicadísimo proceso electoral que ya comenzó.

   El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debiera tener siete integrantes en su Sala Superior, pero el indolente Senado no ha designado a quienes debieran reemplazar a dos magistrados cuyo nombramiento concluyó el 1 de noviembre. De los cinco que se mantienen, tres (Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes) se alinearon contra Rodríguez, quien sólo contaba con el respaldo de la magistrada Janine Otálora. Dos magistrados que han procedido con escrupulosidad, quedaron en minoría frente a la veleidad de otros tres.

   Con la forzada y opaca designación de Soto, el Tribunal habrá tenido siete cambios de presidente en un poco más de siete años. La Constitución indica que ese cargo es de cuatro años. Las rencillas entre magistrados, por cuotas de poder o desacuerdos políticos, han conducido a esos frecuentes relevos. 

   A Soto, que será presidenta del Trife a partir del 31 de diciembre, se le identifica con Morena. Varios de sus proyectos de sentencia y de sus votaciones, han defendido intereses de ese partido. Si ya era cuestionable esa inclinación como magistrada, resultaría inaceptable que la mantuviera como presidenta del Tribunal Federal. Cada declaración y cada decisión suyas, serán aquilatadas por la sociedad activa. Si actúa con parcialidad, o de manera responsable, se verá pronto.

   También será objeto del más intenso escrutinio público la nueva ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres Guadarrama. Su abierta simpatía por Morena, de la que ha sido dirigente, así como sus tareas  en la administración pública, la última de los cuales fue en la Consejería Jurídica del Presidente, permiten afirmar que no tiene la independencia que hace falta para formar parte de la Corte. También se le cuestiona porque es hermana del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, señalamiento injusto porque los familiares de los políticos tienen derecho a ocupar cargos públicos.

   Batres no será la primera integrante de la Corte que haya tenido compromisos partidarios pero sí, posiblemente, quien más ostentación ha hecho de ellos. Su fidelidad a las decisiones del presidente, muchas de las cuales ha defendido con más pasión que razones, ha sido manifiesta. López Obrador la designó una vez que el Senado, en un desplante de la oposición descontenta con ellas, rechazó las dos ternas que le presentó. Ya se sabe que el presidente prefiere la lealtad, a la capacidad. 

  La nueva ministra ha ocupado posiciones en el gobierno y el Poder Legislativo, así como en la militancia partidaria y social, pero no tiene experiencia en la impartición de justicia. En cambio, se ha esmerado por tener asideros académicos. Ha hecho tres maestrías  y cinco diplomados, aspira a un doctorado y tiene artículos y ponencias en temas de política urbana. Ha abierto al menos 17 blogs con información hemerográfica y documentos sobre asuntos relacionados con derechos humanos, la ciudad y la izquierda, entre otros. Muchas de las posiciones que Batres ha defendido, como el rechazo a la militarización, han sido atropelladas por el gobierno actual. A la nueva ministra le costará trabajo avalar incondicionalmente a un gobierno que contradice principios que ella ha sostenido.

   Lenia Batres llega a la Suprema Corte como resultado de la renuncia de Arturo Zaldívar, que se ha empeñado en desvanecer la reputación como jurista que pudo haber tenido. Junto con él en la Corte, de once ministros, había tres que por lo general han respaldado los intereses del gobierno. Si Batres se sumara a ese bloque, seguirían siendo tres los obradoristas en la SCJN. Habrá que evaluar su desempeño por lo que diga y haga.

ALACENA: Ciro Gómez Leyva

Un año después del intento para asesinarlo, seguimos sin saber quién y por qué ordenó el atentado contra Ciro Gómez Leyva. La negligencia de las autoridades policiacas y judiciales es inexcusable. Esa agresión ocurrió en el contexto de la alevosa campaña del presidente López Obrador contra periodistas que, como Gómez Leyva, no se ciñen a la agenda que él quiere dictar. La solidaridad con ese comunicador es muy amplia.

   Gómez Leyva, por otra parte, fue cuestionado, al menos en las ariscas redes sociodigitales, porque en su noticiero de Radio Fórmula tendrá como comentarista semanal a Arturo Zaldívar. Convertido en escudero de la llamada 4T, al ex ministro no lo invitan a ese espacio por sus conocimientos legales sino porque forma parte del equipo de Claudia Sheinbaum. Ante las protestas de radioescuchas, el noticiero anunció que otro día de la semana tendrá como comentarista a la senadora Lilly Téllez, en representación de la campaña de Xóchitl Gálvez.

   Con decisiones como esas Radio Fórmula y otros medios, en vez de ser plurales, segmentan el espacio público en parcelas destinadas a una sola voz: un día un comentarista de un color político, al siguiente uno de otra tonalidad. A diferencia de ese esquema, la deliberación pública no se nutre de soliloquios sino del intercambio de razones. Los representantes de partidos o candidatos hacen propaganda pero no necesariamente analizan, porque la reflexión política requiere de una independencia que ellos no tienen. 

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Los dos próximos lunes, 25 de diciembre y 1 de enero, no se publicará la edición impresa de La Crónica. Así que, si ustedes quieren, nos encontraremos aquí el 8 de enero. Que tengan fiestas jubilosas y reparadoras.

Ilustración tomada de The AI Index 2023 Annual Report. Stanford University, Stanford, 2023.

Publicado en La Crónica el lunes 11 de diciembre

Hasta las personas que lo conocen estaban desconcertadas cuando escucharon la voz de Michal Simecka conversando con una conocida periodista. En un video que circuló en Facebook e Instagram, se podía escuchar a ese candidato del Partido Progresista diciendo que compraría votos para ganar las elecciones en Eslovaquia. También se le oía decir que, si llegaba a ser primer ministro, aumentaría el precio de la cerveza. 

   Esos audios, elaborados con recursos de inteligencia artiticial, eran falsos y se difundieron dos días antes de las elecciones en Eslovaquia, a fines de septiembre pasado. El triunfador fue el prorruso Robert Fico. Simecka, vicepresidente del Parlamento Europeo y partidario de estrechar las relaciones con Europa, quedó en segundo lugar. Nunca se sabrá cuántos votos perdió debido a la falsificación de su voz.

   El empleo de programas de inteligencia artificial generativa en la creación de contenidos falsos, amenaza la transparencia en la información política y la confianza en los procesos democráticos. En las campañas políticas siempre han existido mentiras. Desde hace años se ha conocido la fabricación de escenas y audios impostados. Pero hoy en día no se requiere de una capacitación técnica sofisticada para crear contenidos con sistemas de inteligencia artificial (IA). Por otra parte los videos, imágenes y audios elaborados con esos recursos tienen mucha mejor calidad que los que se podían elaborar hasta ahora.

   El año pasado, cuando comenzaba la agresión rusa contra Ucrania, circularon videos que mostraban al presidente Zelensky llamando a sus compatriotas para que se rindieran. Hace medio año, en Florida, los publicistas contratados por el gobernador DeSantis difundieron un video en donde aparecían abrazándose el ex presidente Trump y el doctor Anthony Fauci, antiguo responsable del combate a la pandemia. En febrero de este año, circuló un video en donde la senadora demócrata Elizabeth Warren decía que a los republicanos les deberían prohibir que votaran. 

   Esos tres videos eran falsos. Los rusos intentaron mostrar a Zelensky en una actitud de derrota. A Trump, quienes lo rebasan por la derecha (que sí los hay) en el Partido Republicano, lo querían desacreditar exhibiéndolo en una actitud amistosa con el respetable Dr. Fauci, con quien se confrontó por el apego de ese médico a las orientaciones científicas durante la pandemia. A Warren, simplemente pretendían difamarla.

   Los tres videos fueron elaborados con programas de IA. A los contenidos hechos de esa manera, que falsifican semblante, voz y/o ademanes, se les denomina “deepfake” que es algo así como engaños profundos. En Eslovaquia, el departamento de verificación de contenidos (fact-checking) de la agencia de noticias AFP determinó que los audios del ahora ex candidato Simecka eran falsos. Para entonces, ya habían circulado ampliamente. La empresa Meta, propietaria de Facebook e Instagram, colocó sobre ellos un anuncio que indicaba que posiblemente eran contenidos alterados con IA pero no los retiró de esas redes. 

   Los contenidos deepfake, cuando se emplean para influir en elecciones, buscan reforzar las apreciaciones adversas a un candidato y sembrar dudas entre los ciudadanos que no tienen una opinión política definida. Con todo y lo exagerados que puedan ser, esos contenidos les parecen verosímiles a quienes quieren creer en ellos y acentúan la polarización que hoy en día existe en muchas sociedades.

   La circulación de deepfakes, por otra parte, puede erosionar de tal manera la credibilidad en las informaciones sobre asuntos políticos que, cuando se difundan denuncias auténticas, con videos o audios que registren hechos reales, los personajes así evidenciados pueden decir que se trata de acusaciones falsas, fabricadas con inteligencia artificial.

   Los actores políticos están reaccionando con demasiada lentitud a los riesgos que implica el uso de IA para crear deepfakes. Muchos gobernantes y legisladores temen que, si proponen medidas para atajar la creación de esos contenidos, se les considere como censores. Otros, simplemente no entienden ese asunto. También habrá quienes estén dispuestos a emplear tales recursos para desacreditar a sus contrarios, de la misma manera que con o sin IA difunden calumnias y campañas negras.

   En Estados Unidos varias organizaciones, encabezadas por el grupo Public Citizen, han solicitado a la Comisión Federal de Elecciones que prohiba el uso de IA para alterar o simular acciones o declaraciones de candidatos o partidos. Esa Comisión podría apoyarse, reinterpretándola, en una disposición legal que sanciona la “tergiversación fraudulenta” de las declaraciones de un candidato o vocero de un partido.

   Una de las medidas para dificultar el uso de deepfake, sería que todas las empresas de IA estuvieran obligadas a colocar una etiqueta digital que permitiera identificar a los contenidos elaborados con esa tecnología. Varias firmas de ese campo, entre otras Adobe y Microsoft, han diseñado una marca de agua que registraría cómo fue realizado y qué cambios ha tenido un contenido digital. 

   Por otra parte la ambiciosa legislación que se ha discutido en la Unión Europea contempla una disposición similar, para que todos los contenidos hechos con IA puedan ser reconocidos como tales. La semana pasada el grupo de trabajo que creó el Parlamento Europeo aprobó un borrador de Ley de IA que será presentado a los legisladores. El camino para que esa Ley sea realidad aún demorará, al menos, varios meses. En Estados Unidos, la Orden Ejecutiva sobre IA que el presidente Biden firmó en noviembre incluye facultades para que el Departamento de Comercio establezca una marca de agua digital en los contenidos hechos con sistemas de esa índole. No se trata de una ley, sino de medidas administrativas.

   En México, los riesgos que implica la creación de contenidos falsos con recursos de IA han sido ignorados, tanto por autoridades electorales como por legisladores. Entre ellos, hasta ahora se prefiere exhortar a empresas y usuarios de IA para que se ciñan a códigos de ética. Eso estaría bien, pero la ética no reemplaza a las leyes. 

   La IA trae indudables beneficios. Sus riesgos, no pueden ser eludidos únicamente con previsiones legales. Pero la confusión que los deepfake suscitan en las campañas electorales puede  atemperarse con la obligación para colocar etiquetas digitales en los contenidos artificiales, la sanción a quienes difamen con o sin IA y por, otra parte, la verificación de contenidos dudosos por parte de periodistas profesionales e independientes.

Publicado en La Crónica el lunes 4 de diciembre

El sainete neoleonès hizo evidentes la torpeza, la soberbia y la ignorancia de Samuel García, subrayó la alarmante facilidad con la que una fuerza política que parecía responsable intenta eludir y violentar el orden juridico y exacerbó la irreflexion de quienes defienden al ahora ex candidato presidencial ignorando sus faltas legales y su desaliño político. 

   La candidatura de García, independientemente de cómo haya sido procesada en Movimiento Ciudadano, fue impulsada y respaldada por el presidente López Obrador. Se trató de una operación política elemental para dividir los votos de la oposición y que hubiera sido eficaz de no haber tropezado con la ambición y la improvisación del gobernador.

   El objetivo principal de esa postulación eran los jóvenes reacios a entusiasmarse con la candidatura de Xóchitl Gálvez y aquellos ciudadanos que abominan a los partidos tradicionales pero tampoco respaldan a Morena, porque reproduce los peores vicios de la vieja política marrullera y clientelar. Los grandes derrotados con la cancelación de la candidatura de García son los líderes de MC y, junto con ellos, el presidente López Obrador. Aunque MC designe una candidatura de emergencia, carecerá del frívolo atractivo que aparentemente tenía el gobernador que cosecha likes con publicaciones bobas y zapatos coloridos. 

   Si bien sorprendió a algunos, el comportamiento de Samuel García ha sido congruente con la banalidad que singulariza a su actividad pública. No es un hombre de ideas políticas, sino de desplantes vistosos. Sus decisiones y convicciones son tan sólidas como una evanescenfe imagen en Instagram. Con esa audacia, mezcla de improvisación e ignorancia (los varios títulos doctorales, si es que son auténticos, confirman que por mucho que se le utilice como coartada Salamanca non presta) García apostó al premio mayor sin cumplir con las reglas más elementales. 

   García quiso hacer trampa a la Constitución de manera tan vulgar e indefendible que ahora paga las consecuencias. La disposición para que los funcionarios públicos de ese rango que quieran ser candidatos presidenciales renuncien seis meses antes de la elección, no admite interpretación alguna. 

   El hombre de los tenis naranja quiso tener, a la vez, candidatura y gobierno del estado. A pesar de todas las advertencias, incluso de juristas ampliamente respetables, García se empeñó en dejar un gobernador interino a su gusto, por encima de la soberanía del Congreso de Nuevo León. De esa manera precipitó una crisis política que, luego, se encargó de empeorar con fuertes dosis de necedad y petulancia. 

   Garcia desconoció la autoridad constitucional del Congreso del estado, se negó a reconocer al gobernador designado para reemplazarlo, pretendió (sin asidero legal alguno) que el gobernador interino debía ser de su misma filiación política. Cuando era evidente que eso no ocurriría, simpatizantes y colaboradores suyos asaltaron violentamente el Congreso. Encerrado en la burbuja autocomplaciente que le creaban los dirigentes de su partido, Garcia se papapetó en el Palacio de Gobierno rodeado por la fuerza pública a la que había convocado.

   El fallido candidato presidencial de MC acudió al Tribunal Federal Electoral, cuyas resoluciones desatendió cuando le fueron desfavorables. Garcia tiene con las leyes un compromiso de ocasión y las acata cuando le convienen. Lo más sorprendente en esta tragicomedia, no es la improvisación y la incapacidad políticas de García, a quien hubo quienes vieron presidenciable, sino los intentos de Movimiento Ciudadano para justificarlo y defenderlo.

   Quienes encomiaban la supuesta sagacidad política de Dante Delgado, tendrán que reconsiderar esa apreciación. El dirigente y propietario de Movimiento Ciudadano fue ostensiblemente corresponsable de las decisiones equivocadas que llevaron a García, y al gobierno de Nuevo León, a esta innecesaria crisis. 

   Es triste que miltantes destacados de MC hayan compartido, haciéndolas suyas, las falacias de García y su dirigente nacional. Dijeron, sin evidencia alguna, que la ley, y luego que la sentencia del Trife, obligaban al Congreso estatal a designar a un gobernador de la misma corriente política de García. La expresión del Tribunal, cuando estableció que en la designación del gobernador el Congreso del estado “deberá generar los consensos necesarios”, fue utlizada para sostener que tenía que ser una decisión unánime. Más allá de esa expresión el Congreso de Nuevo León, en cumplimiento de sus atribuciones, designó a Luis Enrique Orozco Suárez como gobernador interino. Los defensores de García convirtieron sus deseos en especulaciones jurídicas y así, contribuyeron a reforzar la confusión y las falsedades que sembró el gobernador neoleonés.

   Cercado por sus propias transgresiones a la ley, García persistió en su rabieta política y anunció que seguiría como gobernador. Pero para entonces ya había solicitado licencia, que el Congreso le concedió. El gobernador, con carácter interino y plenas funciones a partir del 2 de diciembre, es Orozco Suárez. La Suprema Corte de Justicia reiteró que él se encuentra a cargo del gobierno del estado. Samuel García se ha negado a entregar la oficina que, legalmente, no es suya porque él mismo pidió que se aprobara su ausencia por medio año. 

   Si la ley se cumple, García se quedará sin candidatura presidencial y sin oficina en el Palacio de Gobierno durante los siguientes meses. Tendrá tiempo para calzar y publicitar nuevos pares de tenis, aunque con cada desplante de ese estilo no muestra originalidad alguna. La simpleza y la codicia son dos de los atributos más ordinarios en el fracaso de numerosos personajes públicos.

ALACENA: Fernando Mejía Barquera

La historia y en análisis de los medios de comunicación en México estarán siempre en deuda con Fernando Mejía Barquera, un hombre meticuloso y mesurado que verificaba pacientemente, en hemerotecas y documentos antes de escribir un dato. La industria de la radio y la televisión (1920 – 1960) es un indispensable clásico. Más recientes, y fundamentales, son El sountrack de la vida cotidiana. Cien años de radio y música popular en la Ciudad de México, editado por la UNAM e Historias viejas y nuevas. El Instituto Mexicano de la Radio (IMER y FCE). Fue profesor en la UACM y además hizo un siempre enterado y crítico periodismo especializado en los medios. Fue un privlegio coincidir con él en variadas aventuras periodísticas y académicas. Fernando murió el sábado pasado. Un abrazo a su esposa y a sus hijos.

Publicado en La Crónica el lunes 27 de noviembre

Motosierra en mano, para enfatizar que destazaría al Estado sin reparo alguno, Javier Milei ha podido catalizar el hartazgo de los argentinos con la política tradicional. La corrupción y la ineficacia de quienes han gobernado en Argentina, le dieron la victoria a ese personaje fársico y desquiciado. En México, pareciera que no hay espacio político para una opción de ultraderecha como la que representa Milei pero esas condiciones pueden cambiar.

   En pocos años, Milei “logró trascender al público de las élites y convertirse en el principal depositario del descontento de buena parte de los votantes con las coaliciones electorales principales” explica Gabriel Vommaro, profesor en la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires, en una interesante colección de textos sobre la ultraderecha en América Latina. “Su performance populista vehicula una estrategia ideológica basada en dos elementos centrales y permanentes, y en otros movilizados de manera oportunista. El primero es un discurso libertario con un fuerte sesgo anti-Estado y explícitas referencias teóricas a los padres de la escuela austríaca” escribe Vommaro, refiriéndose a la corriente que propone la absoluta hegemonía del mercado en la economía. El segundo componente, “es un discurso maniqueo que acusa a las élites políticas de ser las principales responsables de los problemas del país”.

   A convocatoria del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha conformado por investigadores chilenos, varios investigadores latinoamericanos realizaron nueve monografías que han sido publicadas, después del triunfo de Milei, con apoyo de la Fundación Ebert (https://ultra-lab.cl). El director del Laboratorio, Cristóbal Rovira Kaltwasser, autor de algunos de los textos más acuciosos sobre el populismo contemporáneo, apunta en la presentación de esos estudios que la relevancia reciente de las ultraderechas, más que con las políticas económicas que postulan, está relacionada con sus “políticas culturales”. Con ese término, se denomina a las posiciones acerca del sistema político y, especialmente, los derechos de las personas. 

   Hay, así, una derecha moderada y convencional que respeta las reglas del sistema democrático. Y al margen de ella, con beligerancia, se desarrolla una ultraderecha que radicaliza las posturas de la derecha tradicional y que, además, desafía el compromiso con la democracia, sus reglas e instituciones, “por ejemplo, la autonomía de los tribunales de justicia, la legalidad en el actuar de la administración pública y la proliferación de organismos supranacionales que restringen el poder de la soberanía popular”. 

   Rovira encuentra que  “a pesar de diferentes trayectorias políticas y orígenes ideológicos, todas las fuerzas de ultraderecha observadas en América Latina comulgan sobre todo con la adopción de posturas moralmente conservadoras frente a temas de género y políticas sexuales, así como también con la defensa de punitivismo penal para hacer frente a los problemas de delincuencia”.

   En México la camaleónica pero sobre todo esencialmente conservadora política del presidente López Obrador, con un discurso que en ocasiones parece de izquierda, contiene posiciones  de derecha. Los sectores que podrían interesarse en respaldar a una opción conservadora, se consideran representados por Morena. En otros países latinoamericanos, en rechazo a los partidos de izquierda, han surgido opciones políticas de derecha populista como la que ahora lleva a Milei a la Casa Rosada. En México el gobierno de López Obrador no ha tenido esa consecuencia porque, en rigor, no es de izquierda y muchas de sus políticas son de derecha. En la mencionada investigación sobre la ultraderecha en América Latina el texto relativo a México es de Rodrigo Castro Cornejo, Director Asociado del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Massachusetts-Lowell, quien emplea un término cuidadoso, casi amable, para referirse a las políticas de López Obrador. Se trata, dice, de un “izquierdismo sin progresismo”.

   La retórica de López Obrador es de izquierda en asuntos económicos, afirma ese especialista, “poniéndose a favor del ‘pueblo’ y en contra de la ‘élite corrupta’ –el PAN y el PRI—”. Más allá del discurso, agregamos nosotros, su política económica por lo general se ciñe a la ortodoxia neoloiberal. Los programas de ayuda han beneficiado más a los ricos que a los pobres y no hay una política fiscal redistributiva. Por otro lado, de acuerdo con Castro Cornejo, el gobierno de Lopez Obrador “no se ha caracterizado por adoptar una postura decididamente progresista en temas socioculturales, como en el caso del derecho al aborto, la agenda LGBT, etc.”

  “La izquierda populista tiende a subordinar las cuestiones de género a los intereses de clase, y promover políticas a favor del ´pueblo´ y no de las ‘mujeres’, en particular”, dice ese autor. Por eso, entre otros factores, “el izquierdismo sin progresismo de López Obrador no ha proporcionado los incentivos necesarios para una reacción conservadora o la movilización de un partido populista de derecha radical. Dada la débil defensa de los valores progresistas por parte de su gobierno, no solo en el área sociocultural sino incluso en terreno económico, ningún movimiento de derecha radical significativo se ha movilizado contra su gobierno, como sucede en otras regiones del mundo”.

   La ultraderecha mexicana tiene expresiones a veces notorias pero aún de escasa aceptación social. En el amplio y heterogéneo bloque adverso a López Obrador hay quienes han festejado a Javier Milei porque le ganó, en Argentina, a un populista de izquierdas con el que se identifica el presidente mexicano. La misma Xóchitl Gálvez, en una precipitada declaración que matizó después, se sumó a ese coro que, con más resentimientos que razones, ensalza a ese impresentable personaje. 

  Los aplaudidores mexicanos del presidente electo en Argentina olvidan que, para enfrentar los terribles problemas en nuestros países, se necesita un Estado que funcione, con honestidad y sin excesos, y que no haya sido desmembrado como pretenden tanto Milei como AMLO. Quienes, con voluntarismo y necedad, celebran la decisión de los argentinos para dar un paso hacia el abismo, no se dan cuenta de que quien representa en México los intentos para erosionar las instituciones democráticas, la reivindicación del militarismo y la misoginia, banderas todas esas de Javier Milei, se llama Andrés Manuel López Obrador.